La Cámara de Diputados de Chile aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una reforma clave para modernizar y agilizar la tramitación de permisos en sectores estratégicos como energía, minería y obras públicas.
La iniciativa busca reducir significativamente los tiempos (sin comprometer los estándares ambientales ni técnicos), facilitando una mayor dinámica en los procesos de inversión en proyectos para el desarrollo de sectores clave para el país.
La reforma, aprobada como ley el 1 de julio (tras las modificaciones del Senado), apunta a simplificar y acelerar la obtención de permisos en sectores clave como energía, minería, obras públicas y agua.
El Ministerio de Economía, responsable de liderar la iniciativa, aseguró que con la nueva ley se podrá reducir entre un 30 % y un 70 % los tiempos necesarios para tramitar más de 300 permisos sectoriales, sin reducir los estándares ambientales ni técnicos.
La normativa se basa en la incorporación de principios de simplificación, eficiencia, proporcionalidad y certeza jurídica, fundamentales para atraer inversiones estratégicas que habitualmente son de largo plazo.
En Argentina, con el RIGI y algunas modificaciones administrativas, el gobierno nacional trató de mitigar este proceso (muchas veces tedioso) de permisos y habilitaciones, pero no se ha logrado una integración de los tres niveles: nacional, provincial y local.
Como referencia, se adjuntan las principales innovaciones de la Ley Marco chilena, informadas por el Ministerio:
- Normas mínimas de tramitación: se establecen reglas comunes para todos los permisos, incluyendo formularios estandarizados, plazos máximos obligatorios y la aplicación del silencio administrativo positivo, que permite que, si un organismo no responde en tiempo, el permiso se considere otorgado automáticamente.
- Técnicas Habilitantes Alternativas: se permite reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por avisos o declaraciones juradas, fiscalizadas posteriormente. Esto busca descongestionar el sistema y centrarse en los trámites de mayor impacto ambiental o técnico. Se incorporaron sanciones severas en caso de declaraciones falsas.
- Ventanilla Única Digital: la plataforma digital consolidada facilitará la gestión centralizada de solicitudes, reduciendo tiempos y mejorando la transparencia del proceso.
- Integración de leyes sectoriales: la ley modifica más de 40 leyes sectoriales, abarcando minería, energía, salud, obras públicas, concesiones marítimas y agua potable, logrando una integración normativa amplia y coordinada.
Algunos sectores expresaron reservas respecto a la necesidad de garantizar que no se vulneren derechos ambientales ni comunitarios, pero el gobierno aseguró que la ley no afecta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que continúa vigente.
Lo antes descripto contrasta con Argentina, donde conviven diferentes enfoques regulatorios según la autoridad de aplicación, multiplicando las ventanillas de tramitación y los interlocutores, muchas veces aumentando la carga burocrática y los tiempos, sin mejorar las garantías ambientales ni la participación comunitaria.
Qué bueno sería ver cómo evoluciona la implementación de esta nueva ley trasandina y tomar lo mejor de ella, a fin de acelerar los procesos de inversión en los grandes proyectos que tanto requiere nuestro país.
