En un contexto global donde los problemas medioambientales han generado miles de normativas, los desafíos del agro en relación con la sostenibilidad se vuelven cada vez más relevantes, especialmente considerando que estas normativas varían según el país e, incluso, en algunos casos, pueden tener políticas opuestas.
En este sentido, la Unión Europea (UE) ha establecido como objetivo para 2030 una reducción del 50 % en el uso de pesticidas en su territorio; además, busca reducir en un 50 % las pérdidas de nutrientes en los suelos, lo cual implicaría una disminución del 20 % en el uso de fertilizantes. En paralelo, se pretende disminuir en un 50 % el uso de antibióticos y que el 25 % de la superficie agrícola europea sea de cultivo orgánico y ecológico. Estos objetivos, en un plazo de solo seis años, tendrían un impacto significativo, alterando considerablemente las reglas de juego en la cadena alimentaria, particularmente en la economía europea y en los países que comercian con este mercado.
Un análisis realizado en Estados Unidos estima que, si esta estrategia fuese adoptada solo por Europa, la producción mundial de alimentos caería un 1 %, y en Europa, un 12 %. Estas cifras sugieren que es probable que estos objetivos se pospongan, de manera similar a lo que está ocurriendo con las metas de reducción de emisiones de carbono. Sin embargo, el estudio considera que, si bien los plazos pueden cambiar, la dirección de la producción agropecuaria —especialmente en los países desarrollados— no se modificará, afectando a los mercados que ofrecen mejores precios.
Complementariamente, los consumidores consideran, según otra encuesta realizada en Europa, que la sostenibilidad no es su responsabilidad, sino de las empresas, que deben “mejorar a cambio de reducir su rentabilidad”. Esto podría llevar a una demanda de los consumidores (independiente de la evolución de las regulaciones) hacia los proveedores locales y, por extensión, hacia los países exportadores. Además, los bancos se mostrarán reticentes a financiar empresas que no sean sostenibles.
La encuesta revela que “el 40 % de los consumidores está dispuesto a castigar a las marcas no sostenibles y dejar de comprar alimentos a una empresa que no lo sea”. Esto contrasta con las “prioridades diarias” en las que el 82 % de los consumidores “prefiere ahorrar dinero antes que cuidar el planeta”. Esta situación puede interpretarse de dos maneras: la primera es que, entre el bolsillo o el planeta, se priorizará el bolsillo. La segunda es que “no están dispuestos a pagar más por sostenibilidad, aunque sea un ideal”, generando así la regla de mercado de que, “ante productos de precios similares, se optará por el más sostenible”. Un caso ejemplar podría ser la actitud de los consumidores en la región mediterránea española tras las inundaciones mortales en Valencia.
En contraste, al cruzar el Atlántico, el candidato electo D. Trump propuso entre sus primeras medidas “acabar con el Green New Deal”, lo que llevaría a recorrer un camino regulatorio opuesto al europeo y al japonés. Sin embargo, más allá de los cambios en las regulaciones estadounidenses, los expertos en consumo sostienen que en Norteamérica también podría darse un cambio en los plazos, pero no en la dirección hacia la que va el consumidor, ya que la producción sostenible y los productos orgánicos tienen un fuerte posicionamiento en el mercado norteamericano.
Los especialistas en agroinsumos afirman que Norteamérica, más allá de las regulaciones, mantendrá la tendencia actual de recuperar la microvida del suelo, demandando menos fertilizantes, herbicidas con menor impacto medioambiental y proteínas animales con menor presencia de antibióticos.
El tiempo dirá cuál será el nuevo “punto de equilibrio” donde se ubicará el mercado, ya que la dirección difícilmente cambie.
