En abril pasado, la Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization, IMO) aprobó un marco jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los buques a nivel mundial, con el objetivo de alcanzar emisiones netas nulas para el año 2050. Este marco combina límites obligatorios de emisiones y la fijación de precios del carbono en todo el sector.
Estas medidas, que serían adoptadas en octubre de 2025 antes de su entrada en vigor en 2027, serán obligatorias para los grandes buques de navegación marítima que superen las 5.000 toneladas de arqueo bruto, los cuales generan el 85 % del total de las emisiones de CO₂ provenientes del transporte marítimo internacional.
Los buques que emitan por encima de los umbrales establecidos de GEI deberán adquirir créditos de carbono para compensar sus emisiones, mientras que aquellos que utilicen tecnologías de emisiones nulas o casi nulas podrán acceder a recompensas económicas.
El marco también contempla la implementación de un estándar mundial para reducir la intensidad de GEI de los combustibles marinos, así como definir cuán limpia debe ser la energía utilizada por un buque según su impacto climático. Además, se introdujo un primer mecanismo global para fijar los precios de las emisiones a partir de 2028, con un valor inicial de 100 dólares por tonelada de CO₂.
En este nuevo contexto de “premios y castigos”, se busca incentivar a las compañías navieras a utilizar combustibles y tecnologías más limpias y de cero emisiones, como el metanol renovable o el amoniaco verde. Una vez más, se presenta una oportunidad para nuestro país, que cuenta con proyectos de hidrógeno verde, el cual es un vector energético clave para la producción de estos combustibles cuya demanda inevitablemente aumentará.