Tramo de ruta en zona rural con se?alización hacia Federación y ?rea de servicios.

La primera privatización de una ruta será financiada por el Estado

El BICE aportará un crédito para obras iniciales de la RN12/14, y ahora sí habría cuatro constructoras interesadas.

Luego de dos años de demora en la reparación de esta ruta comercial estratégica para el Mercosur, que dejó accidentes y muertes de ciudadanos, roturas de equipos de transporte y mucha gente sin trabajo, se terminó el verso de rutas financiadas por privados (riesgo país > 1000) y el cierre de Vialidad en un país con 40.000 km de rutas nacionales.

Un verdadero disparate. Como habíamos comentado en un newsletter anterior, las partes interesadas le habían hecho saber al Gobierno; pero este, en su falta de capacidad de gestión, mantuvo la situación hasta dos semanas antes de tener que declarar desierta la licitación, luego de dos prórrogas. Esto hace pensar que la prioridad no era tener rutas comerciales en buen estado, sino mantener el “relato”.

La novedad apareció el 6 de octubre, a 48 horas del cierre del llamado a licitación para la concesión de la llamada Ruta del Mercosur y los dos puentes principales del país sobre el río Paraná.

La comunicación oficial de la entidad informó: “En el marco de la licitación 504-0007-LPU25 lanzada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación para el Tramo 1 de la Red Federal de Concesiones, BICE [Banco de Inversión y Comercio Exterior] dispuso la estructuración de financiamiento a través de un esquema fiduciario de garantía y fondeo“.

Según el diario La Nación, mañana aparecerán cuatro ofertas, todas ellas de conocidas empresas de la obra pública vial (y presentes en los cuadernos). Se trataría de constructoras que no estaban interesadas en aportar el dinero necesario para reparar las rutas con una garantía de cumplimiento —tal como exige el pliego— y luego, una vez terminada la obra, cobrarse con peaje y tiempo de concesión.

El monto máximo previsto es de $56.000 millones, o hasta el 70% del total de la inversión que establezca el contrato de concesión, y se otorga en UVA +2%, con un plazo de repago de hasta 6 años y 1 de gracia», detalla la comunicación oficial.

El monto total para reparaciones sería de US$ 55 millones para la reparación mayor de 900 km de rutas, incluyendo banquinas, taludes y puentes degradados por inundaciones, luego de una década sin mantenimiento. Un monto que parece exiguo, ya que se invertiría US$ 60.000 por km, más cerca de un bacheo que de un reasfaltado.

Así que el tiempo dirá qué entendió el Gobierno como “condiciones de transitabilidad” para empezar a cobrar el peaje.

Considerando los vicios históricos de las constructoras viales, sería bueno que, antes de comenzar a entregar el dinero, el Gobierno arme un equipo competente y HONESTO en Vialidad para el control de la calidad y avance de las obras. No vaya a ser que comencemos a ver las típicas casillas rodantes y máquinas vetustas de los tiempos K, que servían para facturar la movilización mensual sin hacer trabajo alguno.