La noticia positiva es que los cuatro grandes grupos mineros globales volvieron a mirar a la Argentina. Algunos incluso reactivaron proyectos con recursos ya identificados —en particular en San Juan— que habían quedado en pausa desde el ciclo menemista.
Se trata de anuncios de inversiones multimillonarias que, al pasar por el tamiz del discurso político, suelen amplificarse aún más. No es raro ver en los medios cifras que llegan a los “30 billones”, una exageración que recuerda al pez del pescador: cada vez que se cuenta la historia, el tamaño aumenta.
Como solía decir un profesor de filosofía en la facultad, “cuando digas algo relevante, ponéle fecha”, porque “el hombre es él y sus circunstancias”. Y los megaproyectos mineros, por su escala de inversión y por sus largos plazos de maduración, están profundamente condicionados por esas circunstancias, más aún cuando deben desarrollarse en la Argentina.
En el caso de la minería en cordillera, las condiciones locales incluyen consensuar cómo trabajar en zonas periglaciares y lograr coherencia entre la legislación nacional, provincial y, en algunos casos, municipal. Ese trabajo aún está pendiente. Comienza con la Ley de Glaciares y continúa con la necesidad de armonizar su aplicación en los distintos niveles de gobierno. Sin ese alineamiento, resulta muy difícil que un proyecto obtenga todas las aprobaciones ambientales y operativas en plazos compatibles con las exigencias de un inversor que compite con proyectos similares en otros países.
Otra variable clave es el tiempo que le llevará al país consolidar estabilidad macroeconómica y previsibilidad institucional, condiciones necesarias para reducir el riesgo país hacia niveles cercanos a los 200 puntos. Hoy, competidores directos en cobre como Chile y Perú operan con riesgos inferiores a los 100 puntos básicos y con marcos legales estables durante décadas.
En síntesis, más allá de los anuncios, los proyectos se ejecutarán cuando se den las condiciones locales adecuadas y comenzarán a producir entre seis y ocho años después del inicio de la etapa de desarrollo (“greenfield”). Los ejemplos concretos ayudan a poner estas dinámicas en perspectiva.
Los Azules es hoy el proyecto más avanzado. Propiedad de McEwen Copper y ubicado en San Juan, fue el primer proyecto cuprífero aprobado bajo el RIGI, con una inversión anunciada de US$ 2.700 millones. Actualmente se encuentra en etapa de factibilidad y prevé iniciar su construcción en 2027, con la primera producción proyectada para 2030.
Para completar esa etapa, aún debe cumplir una serie de hitos vinculados a las “circunstancias locales” mencionadas. En el plano financiero, logró en septiembre de 2025 el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que acompañará el financiamiento bajo estándares ESG internacionales. Hasta el momento, el proyecto anunció la obtención de US$ 400 millones para cerrar la factibilidad, quedando pendientes unos US$ 2.600 millones para las siguientes etapas.
En ese contexto, las fechas de 2027 y 2030 pueden considerarse “fechas tempranas” para una inversión de esta magnitud en un país como el nuestro. No es casual recordar que la célebre exhortación “¡Argentinos, a las cosas!”, pronunciada por José Ortega y Gasset, data de una conferencia en Buenos Aires en 1939.
Otro proyecto histórico es El Pachón, también en San Juan, propiedad de Glencore. La compañía presentó a sus accionistas un cronograma tentativo para una inversión estimada entre US$ 8.500 millones y US$ 10.500 millones y ya solicitó su ingreso al RIGI, con expectativa de aprobación en 2026.
Glencore detalló que El Pachón figura entre los mayores recursos de cobre sin desarrollar del mundo, con cerca de seis mil millones de toneladas. El plan preliminar contempla una producción por etapas, comenzando con una operación de 185.000 toneladas diarias y posibles ampliaciones hasta alcanzar las 270.000 toneladas diarias. Para avanzar, la compañía prevé incorporar un socio estratégico que aporte capital, proceso que formará parte de los estudios de factibilidad.
Si los plazos se cumplen, la construcción podría comenzar en 2029 y la primera producción llegaría en 2034. Este horizonte temporal es habitual en proyectos de esta escala, aunque rara vez se comunica con claridad en el discurso político.
Antes de eso, Glencore tiene previsto reiniciar operaciones en Alumbrera, en Catamarca, un paso clave para habilitar el proyecto MARA a partir de 2031. MARA combina la infraestructura existente de Alumbrera con el yacimiento Agua Rica, otro proyecto que lleva casi una década esperando su turno.
El tercer gran proyecto sanjuanino es Vicuña, una iniciativa conjunta de BHP y Lundin Mining que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol. Se trata de un distrito de cobre que incorpora además recursos de oro y plata de clase mundial, lo que refuerza su atractivo económico.
Vicuña se encuentra en una etapa preliminar de integración y planificación y solicitó su ingreso al RIGI bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). El plan prevé finalizar la factibilidad de Josemaría en 2027, iniciar su construcción en 2028 con una inversión inicial de US$ 2.000 millones y comenzar la producción a comienzos de la década de 2030. El desarrollo completo se extendería por unos diez años, con Filo del Sol entrando en operación en una etapa posterior.
En conclusión, estos proyectos seguirán los tiempos normales de maduración que exige la minería de gran escala. Los ingresos por exportaciones e impuestos llegarán, en el mejor de los casos, en la próxima década. La Argentina tiene por delante varios años para resolver sus “circunstancias locales”. De no hacerlo, el riesgo es que estos proyectos vuelvan a esperar otros 20 o 25 años, como ya ocurrió desde los años noventa.
Queda planteado el desafío —y la oportunidad— de que esta vez la historia sea distinta.
