El pasado jueves, la Comisión Europea, su Parlamento y estados integrantes confirmaron en Bruselas la norma que prohíbe la venta de automóviles nuevos impulsados por motores de combustión interna de combustibles fósiles, a partir del 1° Enero de 2035.
En paralelo, se acordó que la norma Euro 7 evaluará a los autos híbridos y eléctricos para generar un mercado de vehículos eléctricos usados confiable. Esto incluirá un monitoreo del desgaste de las baterías.
Cabe preguntarse en cuánto tiempo los fabricantes comenzarán a concluir los ciclos de producción de motores propulsados por derivados del petróleo, al menos para alimentar el mercado europeo, y si estas líneas de producción serán mudadas a regiones con menor desarrollo.
Sudamérica es una de tales regiones, ya que su matriz energética aún parece no estar preparada para sostener el consumo eléctrico derivado de la electromovilidad, y a que las economías de muchos países no están en condiciones de financiar este desarrollo.
Algunos críticos a esta sanción de la Comisión Europea auguran un “efecto Habana”, donde ante la imposibilidad de adquirir autos eléctricos, millones de usuarios mantengan sus automóviles fabricados antes de 2035.
En la vereda opuesta, los gobiernos de Europa, EEUU y Japón desarrollan programas de promoción que permitan bajar el precio del vehículo eléctrico, así como abastecer la demanda creciente de electricidad limpia.
El tiempo dirá.