El gas que produce Bolivia no alcanzará para proveer a la Argentina y Brasil este invierno, y el gobierno boliviano restringe el consumo interno para no pagar multas por incumplimientos contractuales.
Ante una aguda caída en la producción de gas de los yacimientos maduros y el retraso en nuevas inversiones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha ordenado que deje de operar la planta de urea para poder inyectar el gas al gasoducto que va a la Argentina, así como también ha pedido a las industrias de su país que dejen de usar gas natural para generar electricidad, para poder inyectar todo el volumen disponible en los gasoductos de exportación.
En paralelo, el gobierno de Luis Arce decidió recurrir a Venezuela, aliada suya, para tratar de cumplir con los compromisos de gas natural a la Argentina y Brasil, mediante la entrega de gas natural licuado (GNL) a través de PDVSA. El mercado gasífero no confía que esta triangulación llegue a buen puerto, ya que Venezuela nunca pudo concretar su puerto de GNL, y todavía negocia con los europeos para desarrollar el campo Cardón IV en alta mar.
En consecuencia, toma un peso estratégico el proyecto de Reversión del Gasoducto del Norte, cuyo objetivo es poder enviar gas al NEA para el invierno del 2024.
Mientras tanto, el NEA va a tener que pasar este invierno 2023 con una nueva restricción en el gas proveniente del gasoducto Juana Azurduy.
