La administración de Lula da Silva, presidente de Brasil, presentó su propuesta para el establecimiento de un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) que fue incorporada al Proyecto de Ley 412/2022, en etapa avanzada en el Senado. La ley establecería el marco de gobernanza y la base legal para las obligaciones de las entidades reguladas.
El SCE impondría obligaciones a las entidades que emitan más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) anuales. La obligación de presentación de informes se aplicaría a las entidades que emitan más de 10.000 toneladas de CO2e al año, y se harían anualmente.
El alcance sectorial aún no se ha definido, pero se espera que los sectores de agricultura, cambio de uso de la tierra y silvicultura, responsables en 2020 de más del 60% de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, desempeñen un papel clave en la generación de compensaciones de emisiones.
Estos avances de Brasil, respecto a contar con más información acerca de las entidades emisoras, cantidades, fuentes y planes de mitigación, están alineados a las leyes sancionadas en la Unión Europea, que impiden el comercio de productos provenientes de deforestación a partir del 2025. Seguramente juegue a favor en la clasificación del nivel de riesgo de cada país (bajo, medio o alto) del cual dependerán la rigurosidad y el alcance en la evaluación y control de las transacciones comerciales.
Estaremos atentos a los pasos estratégicos que dé Argentina a fin de mantener canales de comercialización ágiles y consonantes con los requerimientos mundiales.
